Durante
los primeros meses de la guerra civil, coincidiendo con la ocupación del Gobierno
Civil y Militar por Haro Lumbreras (24 Junio de 1936-2 de febrero de 1937), se
produce un auténtico baile de gestoras municipales interinas en Lucena que
parece que responden a las necesidades de guerra. El mismo día de la toma del
municipio se nombra Presidente a José
Blanco Cantalapiedra, y gestores a Modesto Moreno Díaz y Manuel Arozarena
Moro, jefe y subjefe de Falange, y a Diego García Gómez, secretario de Acción
Popular. El 31 de julio, el capitán Luis Toro, deja sin efecto la orden
anterior y nombra presidente a Honorio Vivas Márquez, filiación de
derechas, y viejo amigo personal suyo, según nos ha confirmado la propia
familia, respetando a los dos camisas
viejas, subjefes de milicias, pero destituyendo a García Gómez. Hasta
septiembre el alcalde está sólo “por
encontrarse los otros dos gestores
ausentes prestando servicios en las columnas que luchan por la patria”.
 |
Fotografía de Soledad Abril de Dios primera
maestra represaliada en la Provincia de Huelva.
(foto proporcionada por la familia) |
El
5 de septiembre, en presencia del Jefe Provincial de Falange Española de las
JONS, se procede a la reorganización de la Comisión Gestora por ausencia de José
Blanco (citado como Alcalde) y Modesto Moreno, nombrando a Honorio Vivas
(citado como gestor), Manuel Arozarena Moro y Antonio Macías Pulido. Sin
embargo, el Ayuntamiento queda constituido por Manuel Arozarena como
Alcalde, Antonio Macías, primer teniente de Alcalde y Modesto Moreno, como
segundo, quedando todos conformes. Las actas siguientes asisten a un pleno de
dos gestores.
No
podemos pasar por alto en estos primeros meses la vuelta al núcleo de población
de los huidos y el carácter modélico de la derecha local, que no permitió ni el
asesinato, ni la violencia sobre los opositores. Como en julio, los
izquierdistas ahora dormían en la cárcel municipal bajo la vigilancia del
alcalde y otros vecinos de derechas, que
armados defendieron a sus convecinos ante los intentos de forasteros de los
municipios limítrofes de realizar “sacas”.
La labor en estos días difíciles, tanto de los representantes de uno como del
otro bando, requiere un estudio más
detallado que el actual, pero por lo que sabemos la sensación es que se produjo
un pacto de silencio para eliminar todas las pruebas incriminatorias posibles y
sus consecuencias.
Este
hecho, no obstante, no significa que no se aplicasen las medidas de represión habituales
y de sobra conocidas por nuestra geografía. Desde el mismo acto de la toma de
la localidad se recogieron papeles en el Ayuntamiento y se instruyeron expedientes
de averiguación al cargo del comandante de puesto de la Guardia Civil, según
nos informan los propios expedientes carcelarios. A algunas mujeres se les
intentó pelar a cero, acusadas de bordar
la bandera republicana, sin que tengamos constancia de que lo consiguieran por la
rápida intervención del Alcalde y algunos requetés presenten en la localidad. El
magisterio fue depurado rápidamente correspondiendo el triste honor a doña
Soledad Abril de Dios (encarcelada hasta el 30 de agosto) y a su marido, Juan
Mora, maestros locales en ser los primeros represaliados. Constan también
algunas incautaciones de bienes, que no sabemos si se llevaron a cabo y otras
de vehículos para la guerra. Después toco el turno a la “simbología marxista” y a las calles con el “nombre de ciudadanos patrióticos”, Calvo Sotelo, General Sanjurjo,
Francisco Franco, Primo de Rivera…..
Los 42 expedientes carcelarios, la
mayoría por inducción a la rebelión militar, 2 por rebelión y 2 no relacionados
con la represión, puesto que reproducen agresiones entre falangistas, todos
ellos de 1937, se saldan con condenas de cárcel más o menos prolongadas, pero
en cualquier caso leves, para las que se conocen en otras latitudes. La mayoría
de ellos, pese a haber participado en los sucesos de julio, son condenados por proferir
gritos internaciones, expresar apoyos a la República, a Rusia,
o manifestar en público que los rebeldes asesinan en los pueblos tomados a
todos los socialistas, incluso a los niños. Muchos de ellos, los que
tuvieron apoyos familiares, u ocasión, acabaron nutriendo las filas de Falange,
por recomendación de las nuevas autoridades, o las filas rebeldes a lo largo de
la guerra, perdiendo la vida en ella, como el primer teniente de Alcalde de
Izquierda Republicana, o cumpliendo condena posteriormente como algunos de los
exconcejales.
Entre
los asesinados aparecen tres vecinos del municipio, dos en el registro civil de
Huelva y uno en Calañas, entre agosto de 1936 y octubre de 1937, y aunque
alguno pudo ser aprendido en Lucena, no lo fue en el casco urbano, sino en el
campo y sin auxilios locales. Pese a
ello, en el municipio constan una fosa con 4 vecinos de Moguer en el cementerio
viejo, que hicieron desaparecer sus familiares tras el traslado del mismo, y
una posible fosa con vecinos de Moguer y Palos, señalada, pero aun por
localizar, de tres camiones que pasaron y
tomaron la carretera de Bonares y nunca más se supo de ellos. En los
primeros meses de guerra aparecieron también algunos cuerpos en el camino del
rio de vecinos de Villarrasa y, parece, según consta de declaraciones, que fue
aprendido un vecino de Rociana en esta localidad, que escondido por vecinos de
derechas, huyó para no ser detenido y fue descubierto.
El
25 de enero de 1937 se nombra una nueva gestora, compuesta por Diego Gómez Cruz, presidente, y los gestores
Vicente Pérez Moro y Manuel Arozarena Moro. Con esta corporación se intenta ya
una mínima gestión política, dadas las circunstancias, y se toman acuerdos en
un primer momento de recuperación de arbitrios, algunos pendientes desde 1935,
y en poder del recaudador, y otros que se dejaron de recaudar de la familia Pérez
de Guzmán desde 1934, a cambio del agua de Las Pilas, ahora declarados ilegales,
acusándolos de filiación política con la corporación y amiguismo. La situación
del Ayuntamiento es calificada por el Alcalde como “desastrosa”, reconociendo deudas importantes con las administraciones
(Diputación, Hacienda Provincial, Partido judicial…) desde el periodo del
Frente Popular, que hacen inviable la nómina de los funcionarios y el
funcionamiento del consistorio. La Diputación tiene embargada el 15 por ciento
de todos los ingresos del municipio (desde 1932), lo que obliga a la firma de
un acuerdo de pago sobre las 25.036,75 pesetas a diez años con pagos
trimestrales y siempre que se mantenga el pago de los nuevos trimestres
vencidos. En el mismo sentido de recuperación de la gestión el secretario
propone diversos arbitrios como el cobro directo de las contribuciones por el
Ayuntamiento, es decir, sin rematante, la creación de una tasa sobre perros
vagabundos, y el cobro del canon de las roturaciones que desde su reparto es “letra muerta”.
La
última de las gestoras de este periodo, compuesta por cinco miembros, queda al
cargo de un viejo conocido de la política local, don Manuel Antonio Reales
Carrasco, viejo militante radical, exalcalde y exjefe del comité
republicano, lo que sólo calificarse de sorprendente, ya que es el único
Alcalde que conocemos, que lo fue en la
Monarquía, la República y el Franquismo, brevemente, eso sí. Este hecho, desde luego insólito, encuentra su
explicación en una simple visión retrospectiva de la vida política local desde
la restauración en torno al mismo núcleo conservador de los mayores
contribuyentes. Son los mismos gestores, la misma vieja clase que
concentra la capacidad económica y de dirección política, hasta que la
llegada del Frente Popular los descabalga de la alcaldía. El posterior golpe de
estado aupará a algunos de los falangistas al Ayuntamiento,
especialmente en este primer periodo, en la única alianza posible, pero el
poder lo sigue ostentando la vieja clase política y no tardará en recuperarlo
en los años siguientes, creemos que más a pesar que con el apoyo de las
autoridades del movimiento. La constatación de viejas rencillas entre ambos
grupos, la desaparición a partir de 1939 de los jefes de Falange de las gestoras
municipales y la verificación de algún altercado armado en el consistorio entre
falangistas, del que tenemos constancia, ofrecen suficientes indicios al
respecto.
En
lo político la gestión de esta última corporación fue casi nula, con un Ayuntamiento
embargado y acuciado por las deudas, los ingresos apenas alcanzan para la
nómina de los funcionarios, que se paga a duras penas y con enorme retraso, y
poco más. La administración es un caos, lo que es responsabilidad, según el
regimiento, del secretario habilitado José Regidor, que acaba solicitando se
cese por incapacidad física y moral, que se acepta toda vez que,
“….diariamente
se reciben comunicaciones apremiantes de la superioridad amenazando con el
nombramiento de comisionado para efectuar servicios de suma urgencia y que este
con su abandono no sólo no cumplía, sino que los tenía traspapelados”.
El
posterior nombramiento de un delegado gubernativo por el Gobernador Civil para
poner orden en este asunto informa de que ha sido requerido para ello por la
corporación, y de la existencia de numerosos irregularidades que no especifica.
La cuenta de la inspección llevada a cabo, reseñada en las actas de abril de
1939, recupera 28.611,86 pesetas provenientes del cobro de las roturaciones
de 1938-39, arbitrios, desde 1931, maderas y aprovechamientos sin liquidar,
y requerimientos a los exalcaldes de deudas pendientes que incluyen diferentes
alcances de gestión y cobros indebidos o mal justificados. La data de pagos
correspondiente alcanza la suma de 31.150,72 pesetas, la mayoría de ellos
atrasos de los funcionarios, clases pasivas y suministro eléctrico.
Con
estos problemas, los acuerdos de gestión se ocupan de los aprovechamientos,
prácticamente paralizados por la guerra, el alumbrado eléctrico, que reitera
los acuerdos de municipalización, sin hacerlos efectivos, y la carencia de agua
suficiente en la fuente única de Santa Cecilia por la sequía y falta de
lluvias, a la que se coloca un guarda para evitar altercados y un gravamen de
cinco céntimos cada dos cántaros para su jornal.
La información en general del periodo, pese a
todo, es escasa, aunque ello no nos impide conocer en palabras de la
presidencia “que diariamente frecuentan
esta alcaldía infinidad de vecinos indigentes pidiendo socorros, no pudiendo atenderles”.
Por los supervivientes conocemos bien estas
penalidades y el hambre sufrida, aunque también es cierto que el
colonato municipal ayudó a mitigarla y ofreció, al menos, algunas oportunidades
más que en el mundo urbano. La correspondencia oficial desde el inicio de la
guerra, pero más sistemáticamente desde 1938, se ocupa ampliamente del
abastecimiento con las declaraciones de cosechas, aceites, ganados, e incluso
chacinas y tocinos, que se asignan y se controlan para el abastecimiento y el
ejército. Los abastecedores son grandes propietarios que obtienen las licencias
y los salvoconductos, y reseñan cantidades, importantes, especialmente de
ganados.
La
prensa de la época sigue informando de la recogida de metálico, ropas, tabaco,
huevos y gallinas de auxilio a los heridos y los habituales actos de entierro
de fallecidos en la guerra y propaganda. Lo que la prensa no cuenta es la orden
del Gobierno Civil de 1938 para el reparto de entre 25 y 100 pesetas entre 50
vecinos “por el concepto de plato único”
en el plazo de 8 días, y mirando sólo sus posibilidades personales, que se
reparte como contribución entre los vecinos. En el mismo sentido, las actas
capitulares recogen diversos actos de agradecimiento y propaganda hacia el Generalísimo,
sumándose a la propuesta del Ayuntamiento de Huelva de regalar una espada al
caudillo, o hacia el libertador Queipo de Llano al que se propone el
nombramiento de Teniente General o el título de “Gran Caballero de la Gran orden Imperial de los Flechas Rojas”
por,
”…. su heroísmo puesto al servicio de los más altos
ideales patrióticos, sin contar con otras fuerzas en los primeros momentos del
glorioso Movimiento Nacional que las escasísimas de la guarnición de Sevilla,
cuyo comportamiento loable debiera ser
premiado con la concesión de la medalla militar colectiva, consiguió librar a
estos pueblos de su jurisdicción de los horrores de las furias marxistas,
estableciendo la tranquilidad y el bienestar, sembrando la fructífera semilla
del más puro social concepto cristiano, dones de inapreciable valor que pueden
apreciar más exactamente en su magnitud, aquellos de nuestros hermanos que
directamente han sufrido los mas crueles martirios y persecuciones”.
Con
la mayoría de los presos políticos o en la cárcel o alistados, desde 1938, bien
porque la administración actuó más sistemáticamente desde los juzgados, bien
porque se conserva más documentación, se agudiza la represión sobre los
republicanos y el control de la población civil. Los salvoconductos e informes
de conducta y filiación política se suceden en el Archivo Municipal, las
confiscaciones de bienes se hacen efectivas con certificaciones del propio
municipio y se implica, más si cabe, al Juzgado de Moguer y a la Guardia Civil en el control efectivo de
la población y las ideas. Desde el Gobierno Civil, cuya jefatura ostenta también
la de Falange, se alcanza incluso a los libros de lectura empleados en la
escuela pública a través de la inspección educativa. Próxima a finalizar la
guerra, el borrador de respuestas a una encuesta sobre diversas cuestiones del
Gobernador Civil, deja claro que con respecto a la situación política “cooperan todos y sin distinción de
clases por el engrandecimiento del nuevo estado”. En el mismo
documento, aparte de informar que no existe paro obrero en la localidad, se
esboza, al reseñar las necesidades, el programa de actuación de los próximos
gobiernos municipales, a saber, aumento
de la capacidad de aguas y construcción de nuevas fuentes, nuevo cementerio,
urbanización de las calles del pueblo y construcción de una plaza de abastos. Este
será el programa falangista de los próximos años en la localidad, aderezado con
otros condimentos del régimen.
